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Juzgado reitera suspensión en San Rafael

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Ha sido la lucha de los vecinos del Parque San Rafael: preservar su entorno rechazando la construcción de edificios habitacionales en el terreno que fue el club Chivas San Rafael y otros aledaños, contraviniendo los planes parciales vigentes, pues la sobrepoblación que propiciaría en el área les traería inconvenientes como escasez de servicios públicos como agua y electricidad, saturación de drenajes, falta de sitios de estacionamiento y, además, pérdida de valor de sus propiedades.

Para reiterar la suspensión definitiva de la construcción de torres de departamentos proyectadas como Gran San Rafael, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo emitió un nuevo acuerdo el 22 de noviembre, pero vecinos de la zona acusaron al gobierno municipal de Guadalajara de incumplimiento.

Anteriormente se había ordenado parar la construcción, pero al amparo de una supuesta huelga de los trabajadores de la obra, se reactivaron las labores en el predio ubicado cerca del Parque San Rafael y el extinto Club Chivas.

“Fuimos nuevamente por la vía legal, el juez nos vuelve a dar la razón porque esa huelga es una simulación. Nosotros estamos actuando conforme a la ley. El Ayuntamiento actúa como abogado y cómplice de Grupo San Carlos, desacatando órdenes judiciales”, reprochó la representante del Colectivo Vecinos Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas. Acusando presuntos actos de corrupción, algunas personas acudieron a manifestarse la mañana de este lunes afuera de la sede de Palacio Municipal tapatío.

Vecinos del complejo de departamentos que se están levantando en la confluencia de avenida Historiadores y la calle Manuel M. Ponce, portaron cartulinas con mensajes como: “Que paren las obras de Gran San Rafael ¿Qué esperas Ayuntamiento para obedecer al juez?”, “Exigimos cumplas la ley, Ismael del Toro. Tenemos una clausura 198/18”, “Inmobiliaria y Ayuntamiento cómplices en desacato de una suspensión definitiva federal”, “Recuerden: suspensión. Dejen dormir”.

La líder vecinal refirió que el juzgado estableció multa de 41 mil 300 pesos por cada día que se incumpla el mandato. A partir de la notificación, se dieron 24 horas para atender la instrucción. Además de presunto daño al medio ambiente y presuntos actos de corrupción, los inconformes reprocharon que supuestos empleados en huelga intensificaron labores día y noche sin dejar dormir a vecinos de la zona.

El jefe de gabinete en el ayuntamiento tapatío, Alejandro Hermosillo González, atendió a los manifestantes. Aseguró que el municipio ha cumplido al colocar sellos de clausura, negando favoritismo hacia la empresa constructora. En el área de comunicación social del gobierno tapatío indicaron que en el transcurso del día se emitirá un comunicado sobre la reunión entre manifestantes y autoridades municipales.

La representante del colectivo recalcó que la orden judicial advierte la posibilidad de remitir al Congreso del Estado el caso si persisten los incumplimientos, lo que podría derivar en procesos de juicio político por desacato. “Ya basta de que quieran lavarse la manos”, añadió.

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