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Cruz Azul revela el sistema de desvío de recursos de ‘Billy’ Álvarez

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El pasado 29 de mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas bancarias de los principales directivos de la Cooperativa La Cruz Azul, debido a que actualmente se encuentran bajo investigación por presunta lavado de dinero, y delincuencia organizada.

El director general de la organización, Guillermo Álvarez Cuevas, ha sido acusado de haber creado y utilizado una red de pagos a empresas fantasma para desviar recursos de las cuentas de la cementera, incluyendo movimientos irregulares a paraísos fiscales por mil 200 millones de pesos; además de haber inflado los precios en la compra y venta de jugadores del equipo profesional de futbol.

La denuncia que puso a la UIF tras los pasos del directivo incluye un saqueo realizado por ‘Billy’ Álvarez entre 2015 y 2017, en el que autorizó personalmente el pago de grandes sumas de dinero a empresas sospechosas por servicios que no fueron prestados y que no cumplieron con los lineamientos de la empresa, los cuales provocaron pérdidas por 200 millones de pesos.

La investigación que realiza la unidad comandada por Santiago Nieto Castillo incluye los testimonios del exdirector financiero y la extesorera de la cooperativa, facturas firmadas por el propio Álvarez, información de transferencias bancarias y pruebas aportadas por Alfredo Álvarez, hermano de ‘Billy’ y quien también está siendo acusado como cómplice del desfalco.

De acuerdo con Guillermo Barradas, abogado del Consejo de Administración y del grupo disidente de la Cruz Azul, la denuncia en contra del director general es sólida, ya que los documentos que se presentaron como pruebas tienen la firma de Álvarez Cuevas. Sin embargo, el litigante recordó que estas no son las únicas acusaciones que pesan sobre el señalado.

Barradas recordó el caso de Carlos Terroba Wolf, actuario de la empresa que denunció la creación de empresas en paraísos fiscales en 2009, poco después de haber sido despedido. De hecho, en YouTube aún se pueden encontrar los videos en los que explica el funcionamiento de estas empresas ante los socios de la cooperativa.

En 2012, el representante legal del Consejo de Administración, Eugenio Olvera, acusó a Guillermo Álvarez y sus socios de evasión fiscal, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, las denuncias que se interpusieron en aquel momento no prosperaron. Barradas considera que la red de influencias que el directivo estableció con el poder político fue la razón por la que no fue investigado.

Los primeros señalamientos por el uso de empresas factureras se dio en 2019, tras una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Ahora, el exdirector financiero y la extesorera explicaron que este sistema se utilizó desde 2014, por lo que solicitaron –hasta marzo de este año- que se modifiquen los criterios para emitir facturas, motivo por el cual fueron removidos de sus cargos.

La empresa, por su parte, continúa negando la veracidad de las acusaciones. En un comunicado emitido el jueves pasado, aseguraron que se trata de calumnias. El vocero de la cooperativa, Jorge Hernández, acusó a los denunciantes de manipular a la opinión pública con documentos que extrajeron ilegalmente de las oficinas y aseguró que las facturas son por ‘inversión en infraestructura’.

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